Discurso del Ministro Arturo Prado Puga presidente del Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL) en proclamación de diputados, diputadas y senadores electos
Buenas tardes a todos los presentes. Me sumo a los vocativos recién expresados.
En primer lugar, deseo dejar en claro que no estamos aquí solo para cumplir con una ceremonia institucional. Nos congregamos para atravesar un umbral decisivo: el tránsito desde la publicación del resultado electoral hasta la proclamación de quienes han sido elegidos para ejercer un mandato público.
A través de esta proclamación se otorga certeza al verificar y declarar oficialmente a quienes han sido encomendados por el pueblo e investidos para representar con firmeza, responsabilidad y compromiso. A partir del 11 de marzo de 2026, las personas elegidas que hoy proclamamos asumirán su cargo en el Congreso Nacional.
Con esta investidura, el país les encomienda la trascendental tarea de transformar las diferencias en acuerdos y, a partir de estos, construir pactos que la ciudadanía respete y en los que se identifique. Ese esfuerzo de deliberar, corregir y acordar descansa sobre una verdad única, sencilla y a la vez muy profunda: los seres humanos no somos infalibles.
En efecto, si algo caracteriza nuestra condición humana es la esencial precariedad de nuestro conocimiento. En la vastedad del universo, cuya extensión apenas comprendemos, el conocimiento es siempre fragmentario, revisable e inevitablemente provisional. Ninguna generación posee la verdad definitiva sobre sí misma, y ninguna autoridad puede estimarse exenta de cometer errores.
En algún sentido, la historia intelectual de la humanidad es, en buena medida, una narración sobre nuestras propias rectificaciones. La conciencia de que nuestra condición de seres esencialmente erráticos no es, sin embargo, un signo de debilidad; por el contrario, constituye la premisa que nos permite avanzar en libertad.
De hecho, cuando los seres humanos comprendieron que su conocimiento era limitado, también tuvieron en consideración que el poder no podía fundarse en la supuesta posesión exclusiva de la verdad, y que nadie puede gobernar legítimamente invocando una visión del mundo incuestionable. La democracia nace precisamente de esa constatación.
No es solo un método de contar votos. Para los que creemos en el sistema democrático y en el trípode en que ella descansa, es una respuesta institucional a la contingencia del saber humano. Si todos podemos errar, debemos deliberar. Si nuestras perspectivas son parciales, debemos sobre todo escucharnos con respeto.
Karl Popper, filósofo austríaco que fue testigo de los hitos más importantes del siglo XX, definió la sociedad abierta como un sistema caracterizado por el reconocimiento de la falibilidad humana. La democracia así entendida no asegura decisiones perfectas; garantiza algo más modesto y valioso: la posibilidad de revisar dichas decisiones con respeto, sin violencia ni revancha.
La deliberación parlamentaria, cuando se ejerce con responsabilidad, es en este sentido una forma institucionalizada de ejercer la prudencia, una manera de decidir y resolver sin descartar otros pareceres ni convertir la disidencia en enemistad.
Como hemos dicho, el acto que nos convoca esta tarde no es meramente ceremonial; es la expresión de una convicción profunda: que en un mundo donde el conocimiento es siempre provisional, el poder debe ser compartido, discutido y sujeto a controles transparentes y a contrapesos efectivos.
Aun cuando tradicionalmente el Tribunal Calificador de Elecciones ha realizado ceremonias solemnes para la proclamación del futuro presidente, en esta oportunidad hemos querido realzar el significado profundo que tiene el Congreso Nacional de la República. Por ello, tomamos en consideración lo señalado por nuestros historiadores más autorizados.
Mientras que la presidencia de la República simboliza la unidad del Estado, el Congreso representa su pluralidad deliberante en acción, cumpliendo además la función de estimular el debate abierto y contingente entre la ciudadanía y sus autoridades.
La representación y la deliberación no son, desde luego, invenciones recientes. En la Atenas clásica, la ekklesia reunía a los ciudadanos para decidir los asuntos públicos. Si bien no era representación en el sentido moderno, contenía una intuición decisiva: que el poder pertenece a quienes participan en la deliberación común.
Aristóteles, en el libro tercero de la Política, observó a propósito de la soberanía del pueblo que "la multitud puede deliberar mejor en conjunto que cada individuo por separado". Lo explica a través de una hermosa metáfora: "Lo mismo que los banquetes en que han contribuido muchos son mejores que los sufragados por uno solo. Al ser muchos, cada uno tiene una parte de virtud y de prudencia, y reunidos, la multitud se hace como un solo hombre con muchos pies, muchas manos y muchos sentidos." No es una defensa ingenua de la democracia, sino una advertencia: la pluralidad puede enriquecer la decisión cuando se organiza deliberadamente.
Roma, a su vez, aportó otro elemento a la arquitectura institucional: el Senado, las asambleas populares y las magistraturas crearon un sistema de equilibrio que el historiador romano Polibio, dos siglos antes de nuestra era, describió como una constitución mixta capaz de evitar la concentración del poder. Grecia nos enseñó así la importancia de la deliberación sobre los asuntos comunes; Roma, la del equilibrio institucional.
En este momento, a portas del inicio de las funciones del período legislativo número 57, resulta pertinente traer a colación el sermón de instalación del primer Congreso Nacional, pronunciado por el diputado y hombre de letras Fray Camilo Henríquez el 4 de julio de 1811. En aquella solemne oportunidad desarrolló ideas matrices sobre la labor parlamentaria, encontrándose una de ellas plenamente vigente.
Sostuvo que para alcanzar la libertad y felicidad pública existían deberes ineludibles y recíprocos entre la ciudadanía y sus representantes. Por un lado, los primeros debían apaciguar sus pasiones obedeciendo la ley, teniendo en consideración que a la anarquía del libertinaje le sigue inevitablemente la tiranía. Por otro, que las personas investidas como autoridades están mandatadas a amar su patria, llamadas a mirar con compasión la suerte de los pueblos cuyos destinos tienen en sus manos. Deben ser conscientes, recuerda Fray Camilo, que el cumplimiento de esta misión puede llevar su nombre y el de su país a la inmortalidad.
Ministro Arturo Prado Puga presidente del Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL)
Ya a fines del siglo XVII, el filósofo John Locke advirtió en sus escritos acerca del peligro de que las leyes emanen de un grupo homogéneo, pues se corre el riesgo de que estas sean capturadas por intereses particulares, tendiendo a favorecer solo a quienes las dictan. Ante esta amenaza, sostuvo con fuerza que las asambleas legislativas debían conformarse de tal manera que reflejen la pluralidad de la sociedad que representan, garantizando así que la ley sea un fiel espejo del bien común.
En esta oportunidad, vemos cómo aquel anhelo de diversidad se materializa y se reafirma, siendo este el Congreso con mayor porcentaje de mujeres en nuestra historia. El que además reúne en proporciones casi idénticas a quienes asumen por primera vez esta alta responsabilidad y a quienes ya cuentan con trayectoria y experiencia parlamentaria.
Asimismo, corresponde destacar el rango de edades que compone el futuro cuerpo legislativo. Anhelamos que estas diferencias generacionales se complementen para demostrar que la política, en su expresión más noble, es un diálogo entre distintos tiempos y en distintas épocas. Esperemos entonces que la fuerza renovadora de quienes comienzan y la mirada profunda de quienes han recorrido el camino construyan un Congreso donde toda la ciudadanía encuentre su lugar, donde el ímpetu se nutra del consejo y la prudencia se contagie con la esperanza de construir un país más sólido en su cohesión, más próspero en su desarrollo y más justo en el ofrecimiento de oportunidades.
Desde luego, la diversidad de edad no garantiza por sí sola la calidad deliberativa; puede enriquecer el debate o fragmentarlo, ampliar la representación o rigidizar las identidades. Tomar uno u otro camino dependerá de que las diferencias sean procesadas a través del diálogo respetuoso, donde los sectores, aun teniendo pensamientos contrapuestos, convivan entendiéndose como adversarios políticos, jamás como enemigos. Sabiendo que, si bien en esta dinámica existen diferencias doctrinarias, en el fondo cada miembro del Parlamento ha de buscar el bien común superior de sus electores y, sobre todo, tener mala memoria para recordar los desencuentros.
Además, debe tomarse en consideración que el mérito de la labor legislativa no solo radica en la calidad de los términos en que se desarrolla, sino también en el resultado del proceso deliberativo. Este punto fue descrito con claridad por el sabio Andrés Bello en el Mensaje del Código Civil, donde señaló que la majestuosidad de la República no reside en la redacción de normas abstractas o promesas inalcanzables, sino en la creación de reglas que efectivamente ordenen y den certeza y eficacia a la vida práctica de cada ciudadano. Un acuerdo que no se traduzca en objetivos realizables y ejecutables es apenas una declaración de intenciones.
Veamos ahora qué papel juega la justicia electoral.
El desarrollo de la democracia a lo largo de los siglos involucró una paulatina complejización institucional. Así fue como a principios del siglo XX, el liberalismo republicano recogido en la Constitución de 1833 necesitaba modificaciones estructurales para continuar operando. Una de las facetas que mostró fisura fue precisamente el régimen electoral.
El sistema de autocalificación que existía entonces resultó ser especialmente problemático en las elecciones presidenciales de 1915 y la conocida de 1920. En esos comicios se nombraron comisiones ad hoc para que resolvieran la contienda electoral, retrasando la determinación del resultado. Cabe destacar que estas comisiones, sin embargo, dieron cuenta del fraude electoral, intervenciones del ejecutivo de turno y cohecho.
Pero fue a principios de 1925 cuando asomó la solución del problema, con la vuelta de don Arturo Alessandri Palma a Chile. Este regresó de Europa con un motivo claro, que se expresó en un telegrama enviado por él desde Roma, donde señaló que luego de dictar la Constitución se debía proceder a la elección de nuevos poderes públicos, verificada con registros libres y correctos.
Precisamente la Constitución de 1925 y la ley complementaria promulgada durante los años contiguos configuraron el mayor proceso de edificación y fortalecimiento del Estado de Chile. En el ámbito electoral se creó el Tribunal de Elecciones, comprendiendo que las elecciones despertaban pasiones tan álgidas que la pureza del sufragio debía quedar resguardada por una institución sólida, alejada de los vaivenes y de los trastornos contingentes.
Así, desde sus inicios estuvo previsto que este Tribunal calificara las elecciones de presidente de la República, de diputados y senadores. En la decimotercera sesión de la Subcomisión de Reformas Constitucionales, el presidente Alessandri pidió dejar el siguiente testimonio: "Corresponde a este Tribunal, no a las Cámaras, pronunciarse sobre el fondo e informar las elecciones de senadores, diputados y presidente de la República, y proclamar a los electos."
Ha transcurrido más de un siglo desde la fundación del Tribunal. Sus atribuciones han aumentado sustancialmente: actualmente también conocemos elecciones ocurridas al interior de grupos intermedios y hemos adquirido un papel protagónico en la observación electoral internacional, fiscalizando además el correcto financiamiento de la política. No obstante lo cual, la responsabilidad de certificar, revisar y calificar la elección presidencial y parlamentaria sigue siendo nuestra labor principal.
La elección parlamentaria del 16 de noviembre de 2025 no fue una excepción. Esta tuvo la particularidad de ser la primera de su especie en realizarse con inscripción automática y voto obligatorio, lo cual se tradujo en una participación que superó los 13 millones 400 mil personas en la elección de la Cámara Baja y 3 millones 700 mil electores en las siete regiones que renovaron a sus senadores. Lo anterior equivale a un 85% de participación, casi 40 puntos porcentuales más que hace cuatro años.
Gracias a los avances tecnológicos y a la dedicación de nuestro personal, en esta oportunidad logramos revisar las actas provenientes de más de 40.000 mesas receptoras de sufragio. Identificamos 210 mesas con inconsistencias, las cuales fueron escrutadas nuevamente en 11 audiencias públicas, y resolvimos 34 otros reclamos ciudadanos.
A partir de este exhaustivo trabajo, al que se une la eficaz y esmerada labor del Servicio Electoral, concluimos con los resultados definitivos que reflejan con fidelidad la voluntad popular.
Al entregarle a cada parlamentario electo su acta de proclamación, este Tribunal no otorga poder: reconoce aquel que la ciudadanía le ha conferido, y al hacerlo dota este poder de certeza jurídica. En un momento más recibirán algo más que un acta: recibirán un testimonio que ha pasado de mano en mano durante más de dos siglos de historia republicana.
Al cruzar este umbral, tenga presente que la certeza jurídica que este Tribunal le confiere constituye el fundamento de su investidura. Pero el respaldo ciudadano en que se cimenta su mandato —ese que no se decreta ni se certifica— deberá renovarse cada día en el ejercicio responsable del cargo, en la calidad de la deliberación, en la probidad de su ejercicio y en el apego a los compromisos contraídos con la ciudadanía y con sus pares.
Lo llamo a no olvidar la premisa con que iniciamos esta alocución: no somos infalibles. Por ello, la grandeza de un legislador no se mide por la intransigencia de sus certezas, sino por la nobleza de su capacidad para construir acuerdos en nombre de quienes mañana juzgarán nuestra historia.
En nombre del Tribunal Calificador de Elecciones y habiéndose certificado la validez de los escrutinios, se declara oficialmente la proclamación de las senadoras, senadores, diputadas y diputados electos para el 57.° período legislativo. Cumplido el mandato de la soberanía popular, quedan públicamente proclamados.
Muchas gracias.
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