María Jaraquemada: la probidad es hacer lo correcto incluso cuando nadie está mirando
La consejera del Consejo para la Transparencia explicó a las y los participantes del Programa 2026 para Liderazgos Locales qué se entiende por probidad, cómo detectar un conflicto de interés y por qué la transparencia no se reduce a publicar datos.
María Jaraquemada realizó la clase sobre probidad y transparencia a los becados de Más para Chile. | Foto: Senado
Qué es la probidad y por qué va más allá de la ley
La probidad es actuar con una conducta intachable y poner siempre el interés general por sobre el particular. Así la define la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, y esa segunda parte, dijo María Jaraquemada, es la que hay que «tatuarse mentalmente».
El interés particular, advirtió, no se limita al bolsillo propio: incluye a la familia, al partido político, al club deportivo e incluso la reputación de un cercano. Y la vara ciudadana suele ser más alta que la norma: con un teléfono con cámara en cada mano, quienes ejercen cargos están mucho más expuestos, por lo que la ley es el estándar mínimo.
Tres señales de una conducta íntegra
Para la consejera, la integridad se reconoce en tres conductas concretas:
- Hacer lo correcto incluso cuando nadie está mirando. Todos nos portamos mejor frente a una cámara; la probidad exige hacerlo también sin ella.
- Anteponer el interés público. Recordar siempre que el cargo existe para servir a la ciudadanía y no a los intereses propios o de personas cercanas.
- Actuar de modo que resista el escrutinio público. Su consejo práctico: preguntarse qué diría uno si su oponente político hiciera lo que uno está a punto de hacer.
También explicó que un buen sistema de integridad combina reglas previas que limitan lo que se puede hacer, como no contratar familiares ni usar recursos públicos en campañas, con controles posteriores que detectan y desincentivan las malas prácticas. Demasiadas reglas previas paralizan al Estado; muy pocas abren espacio a la arbitrariedad.
Chile frente a la corrupción: mejor posicionado de lo que se percibe
La corrupción es el abuso de una posición de poder para obtener un beneficio personal, y ese beneficio no es solo dinero: también lo es contratar a un pariente, usar información reservada o conseguir un empleo futuro gracias al cargo.
Jaraquemada mostró que en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional Chile obtiene 63 puntos, muy por sobre el promedio latinoamericano de 43 y en un rango propio de países de altos ingresos, aunque por debajo de su mejor momento, en 2014, cuando compartía el primer lugar regional con Uruguay. La paradoja, explicó, es que una amplia mayoría cree que los funcionarios públicos son corruptos, mientras que muy pocas personas dicen haber vivido un hecho de corrupción. Por eso pidió no generalizar desde la oposición: esa desconfianza vuelve como un bumerán cuando se llega a gobernar.
Seis factores que elevan el riesgo de corrupción en un municipio
Dos municipios vecinos pueden tener las mismas atribuciones y un presupuesto parecido y, aun así, en uno hay corrupción y en el otro no. Para explicar esa diferencia, la consejera recurrió a la «Radiografía de la corrupción» de la Contraloría, que identifica seis factores de riesgo:
- Liderazgo institucional: si la autoridad no da el ejemplo, el resto de la organización tampoco lo hará.
- Lealtad mal entendida: confundir la lealtad con la autoridad con el deber hacia la función pública.
- Opacidad: la falta de transparencia y de rendición de cuentas, especialmente en las corporaciones municipales.
- Organismos de control débiles: sin recursos, personal ni independencia suficientes.
- Falta o exceso de regulación: la ausencia de reglas abre espacio a la discrecionalidad, y su exceso genera normas que se enredan o contradicen.
- Debilidad institucional: equipos sin capacitación, sin soporte tecnológico o que cambian con cada gobierno.
Como antídotos propuso ir más allá de lo que exige la Ley de Transparencia, que tiene 17 años y nació en la época del PDF, cuando hoy se habla de inteligencia artificial; contar con una dirección de control que se atreva a levantar la bandera; idealmente, realizar una auditoría externa en cada cambio de gobierno municipal, y armar equipos por su perfil y no solo por confianza, con personas capaces de decirle a la autoridad lo que no quiere escuchar.
Conflictos de interés: ante la duda, abstenerse
Un conflicto de interés existe cuando el interés general de la función coincide con un interés particular, sea o no económico, o cuando hay circunstancias que restan imparcialidad, como una amistad íntima o una enemistad profunda. Puede ser aparente, potencial o real, y la jurisprudencia de la Contraloría ha dado a los potenciales casi el mismo peso que a los reales.
Para algunos casos, como contratar a un pariente, la ley presume el conflicto sin importar la competencia de la persona: un hermano puede ser «el contador más seco del planeta» y aun así no corresponde. Su recomendación para las zonas grises fue doble: consultar a un tercero de confianza con buen criterio y, si la duda persiste, abstenerse.
Cuando haya dudas, consulten. Meter las patas en esto a veces acarrea más que una sanción: un riesgo reputacional muy grande.
María Jaraquemada, consejera del Consejo para la Transparencia
La transparencia no es publicar datos
Siguiendo a la Unesco, Jaraquemada definió la transparencia como la cualidad de ser claro, honesto y sincero, lo que obliga a quienes ejercen cargos a actuar de forma visible, previsible y comprensible. Subir videos o documentos no basta si lo que se dice y lo que se hace no coinciden.
La transparencia, agregó, es también un «derecho llave»: con información, la ciudadanía puede ejercer otros derechos, como acceder a la educación, a la salud o participar en su municipio. A corto plazo puede incomodar ver cómo se toman las decisiones, pero a largo plazo genera confianza.
Sobre la ley vigente desde 2009, recordó sus tres pilares: la transparencia activa, que obliga a publicar información mínima cada mes; el derecho de acceso a la información, y el Consejo para la Transparencia como órgano garante, con facultad para sancionar con multas de entre un 20% y un 50% de la remuneración. La regla de base es que la información en poder del Estado se presume pública, y es el organismo el que debe justificar una reserva.
Como ejemplo, contó el caso de una persona que pidió a un municipio la ubicación de todas sus cámaras de seguridad y cuáles funcionaban. El Consejo resolvió que el municipio informara cuántas cámaras tiene y qué porcentaje está operativo, pero no dónde están: así se resguarda la seguridad sin renunciar a la rendición de cuentas.
Lo que muestran las fiscalizaciones a los municipios
La última fiscalización del Consejo para la Transparencia, de 2025, entregó el mejor resultado histórico de los municipios en transparencia activa, aunque todavía con una brecha cercana a 20 puntos y alrededor de 10 puntos por debajo del Poder Ejecutivo. Las áreas más débiles coinciden con las de mayor riesgo de corrupción: adquisiciones y contrataciones, información presupuestaria, y personal y remuneraciones.
Las corporaciones municipales aparecen entre las que menos cumplen, pese a que la Contraloría ha dictaminado que deben aplicar las leyes de transparencia, lobby, probidad, compras públicas y procedimiento administrativo. También recordó que todos los municipios deben designar a una persona encargada ante la Unidad de Análisis Financiero para prevenir el lavado de activos, algo que muchos aún no cumplen.
Lo que respondió a las y los participantes
Para concejales que no reciben respuesta a sus solicitudes, recomendó usar sin complejos la Ley de Transparencia, como hacen también diputados y diputadas, y propuso cuentas públicas más útiles, que muestren qué se comprometió, qué se cumplió y por qué no.
Sobre la publicidad con recursos públicos, recordó que la Contraloría ha señalado que se deben comunicar los logros del municipio y no los de la persona que lo encabeza.
Sobre apoyar a organizaciones de la comuna, explicó que es posible con fondos municipales, cumpliendo requisitos como el registro de colaboradores, que se volvieron más exigentes después del caso convenios.
Sobre las solicitudes de información con nombres ficticios, defendió que la ley exija solo un nombre y un apellido: protege a funcionarios que denuncian irregularidades y a periodistas que investigan. «Si la información es pública, es pública para cualquiera», dijo.
Su mensaje final fue de ánimo y de prudencia: las exigencias hoy son altas, pero la transparencia y la probidad deben ser el norte de quienes se atreven a ejercer un cargo de elección popular.
Esta clase forma parte del Programa 2026 Liderazgos Locales de Más para Chile. Conoce a todas las personas que han hecho clases en el directorio de expositores y lee también la nota sobre narrativa política con Carlos Fara.
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